República Dominicana se mantiene entre los cinco países de América Latina con las tasas más altas de feminicidios y violencia de género, una realidad que vuelve a poner en duda la efectividad de la respuesta institucional ante una crisis de impacto social sostenido. El año pasado se llevaron a los tribunales más de 73 mil casos de abusos físicos y mentales, mientras que en lo que va de 2026 se han cometido al menos 30 feminicidios íntimos.
Esas cifras evidencian una brecha entre la gravedad del problema y el alcance de las medidas en curso. El panorama descrito obliga a redoblar esfuerzos públicos y privados, endurecer sanciones y ampliar de forma limitada los refugios destinados a proteger a mujeres bajo amenaza de muerte, en un contexto en el que el Ministerio Público recibe cada año unas 25 mil denuncias-querellas.
La problemática, además, no se limita a la violencia física. El texto señala políticas vigentes aplicadas con baja intensidad frente a patrones culturales arraigados y al uso de espacios tecnológicos para denigrar a la mujer, facilitar el ciberacoso, la agresión moral y la manipulación. En ese marco, la educación aparece como una herramienta esencial, pero también como recordatorio de que la prevención y la protección siguen sin mostrar resultados acordes con la dimensión de la emergencia.