La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos acudió al Congreso Nacional con una advertencia frontal sobre el nuevo Código Penal: según planteó, sus disposiciones podrían abrir un escenario de inseguridad jurídica en el acto médico y aumentar la tensión en un servicio ya sensible para la población. El reclamo pone bajo escrutinio a la Cámara de Diputados y vuelve a contrastar la aprobación de normas con sus efectos reales sobre sectores clave.
La organización depositó una propuesta para modificar puntos de la Ley 74-25 que, a su juicio, generarían incertidumbre en la práctica médica. Su planteamiento busca preservar un equilibrio entre la protección de los pacientes y el ejercicio responsable de los profesionales de la salud, al mismo tiempo que rechaza que se confundan complicaciones propias de los procedimientos o errores involuntarios con conductas dolosas.
Entre las medidas sometidas figura una prórroga de seis meses para la entrada en vigor del Código Penal, prevista para el 3 de agosto, con el argumento de abrir una discusión técnica sobre las disposiciones que afectan a las profesiones de la salud. También solicita que la responsabilidad penal de los médicos solo proceda cuando exista dolo o negligencia grave debidamente demostrada, mientras que los casos derivados de errores involuntarios o riesgos propios del acto médico sean conocidos por las vías civil, administrativa o ética, según corresponda.
El gremio insistió en que su propuesta no persigue privilegios ni impunidad, sino una diferenciación precisa entre una actuación ajustada a la lex artis y una conducta marcada por fraude, dolo o negligencia grave. La comisión fue encabezada por el presidente electo del colegio, Luis Restituyo.
La intervención del CDC deja sobre la mesa una alerta institucional para el Congreso: cuando un texto legal obliga a pedir correcciones y aplazamientos antes de entrar en vigor, la discusión deja de ser solo técnica y pasa también por la responsabilidad política sobre normas con impacto directo en servicios esenciales. El fondo del debate sigue siendo la rendición de cuentas sobre leyes que se presentan como solución, pero llegan al umbral de aplicación con sectores estratégicos reclamando revisión.