El Colegio Dominicano de Cuerpos de Seguridad y Afines (Cocosea), gremio que agrupa a trabajadores y propietarios del sector de centros nocturnos, denunció que las clausuras ejecutadas por el Cuerpo de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) están provocando zozobra y pérdidas millonarias, sin que hasta ahora exista una respuesta oficial que explique los operativos ni sus criterios de aplicación.
La organización aseguró que los cierres se están produciendo antes del horario permitido y que, aun cuando los establecimientos tienen su documentación en regla, se enfrentan a medidas que consideran arbitrarias. En ese contexto, el sector sostiene que ha acumulado pérdidas de hasta 60 millones de pesos, una cifra que refuerza la necesidad de fiscalizar la proporcionalidad de las acciones estatales y el impacto real de las decisiones del Gobierno sobre la actividad económica.
Más allá de la denuncia gremial, el caso abre preguntas sobre transparencia, debido proceso y rendición de cuentas en la actuación del COBA. Si el objetivo oficial es ordenar el cumplimiento de la normativa, las autoridades están obligadas a explicar los fundamentos de cada clausura, el alcance de los operativos y los mecanismos de revisión para evitar abusos o decisiones discrecionales.
Hasta el momento, el sector afirma no haber recibido una respuesta oficial. Esa ausencia de explicación deja a los afectados sin claridad sobre si las medidas obedecen a inspecciones puntuales, a una política de control más amplia o a fallas de coordinación institucional. En cualquiera de los escenarios, el costo recae sobre negocios, empleados y clientes, y exige seguimiento público sobre la legalidad, eficacia e impacto ciudadano de estas acciones.
El reclamo del gremio se suma a un frente de cuestionamientos que pone a prueba la capacidad del Gobierno para hacer cumplir la norma sin atropellos, con reglas claras y con mecanismos de supervisión que eviten que la autoridad termine castigando al sector formal en lugar de corregir irregularidades específicas.