El Colegio Médico Dominicano (CMD) impugnó ante el Tribunal Constitucional varios artículos del nuevo Código Procesal Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader, al considerar que la norma puede generar consecuencias adversas en el sistema de salud.
Según el planteamiento del gremio, la disposición podría encarecer la atención, alejar a médicos de áreas de alto riesgo y agravar las fallas que ya enfrentan hospitales con menos recursos. La advertencia coloca el debate en el terreno de la salud pública y obliga a examinar no solo el contenido legal de la reforma, sino también su efecto real sobre pacientes, personal médico y centros asistenciales.
La impugnación abre un nuevo frente para el Gobierno, que ha impulsado la promulgación de la pieza sin que, al menos en esta información, se ofrezcan detalles sobre costo de aplicación, mecanismos de seguimiento o medidas de mitigación frente a los riesgos señalados por el CMD. En un contexto de limitaciones persistentes en la red hospitalaria, la discusión vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del Estado para aprobar normas de amplio alcance sin transparentar sus impactos sectoriales.
El caso ahora queda en manos del Tribunal Constitucional, que deberá conocer el recurso presentado por el gremio médico. Mientras tanto, el conflicto entre el marco legal recién promulgado y las preocupaciones del sector salud introduce incertidumbre sobre la aplicación práctica de los artículos cuestionados y sobre las posibles repercusiones para la atención de la población.