La condena contra el comunicador Rafael Antonio Guerrero Méndez volvió a colocar en primer plano la necesidad de que las denuncias de alto impacto público estén sustentadas con pruebas verificables. La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional lo sentenció a un año de prisión y al pago de RD$15 millones, tras hallarlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ex mayor general Rolando Rosado Mateo.
Según el proceso acogido por el tribunal, Guerrero incurrió en violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al difundir por medios digitales acusaciones que no pudieron ser probadas. El fallo, emitido por el magistrado Franny González, también ordenó el retiro inmediato del contenido que dio origen al caso y el pago de las costas penales.
El expediente se originó por declaraciones emitidas en el programa “Corrupción al Desnudo”, donde se atribuyeron al exfuncionario presuntos vínculos con actividades ilícitas que el tribunal descartó por falta de sustento. El caso se agrega a otros procesos judiciales por difamación que han involucrado al comunicador en los últimos años, en un escenario que refuerza la exigencia de mayor rigor, vigilancia y rendición de cuentas cuando se formulan señalamientos públicos de gravedad.