La restricción que obliga a las personas de 65 años o más a renovar con mayor frecuencia su licencia de conducir volvió a quedar bajo presión pública e institucional. En una encuesta de Acento, el 79.34% de los participantes rechazó la medida y solo el 19.01% la consideró justa, mientras que en la red social X las opiniones quedaron divididas 50% a favor y 50% en contra.
La disposición proviene del Decreto 6-19, firmado en enero de 2019 durante la gestión del expresidente Danilo Medina, que aprueba el Reglamento de Licencias de Conducir del Intrant. El artículo 21 fija una vigencia de cuatro años para la mayoría de los conductores, pero la reduce a dos años para quienes tienen 65 años o más, y a un año en el caso de conductores de categoría pesada dentro de ese mismo grupo etario. El tema se reactivó después de que el juez José Alejandro Vargas denunciara un presunto trato discriminatorio y de que un grupo de periodistas sometiera un recurso de amparo ante la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
El cuestionamiento ya escaló más allá del malestar ciudadano. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, respaldó el recurso al advertir que la medida viola el artículo 39 de la Constitución, relativo al principio de igualdad. Entre los lectores, además del señalamiento de edadismo, también surgieron críticas por el impacto económico de una renovación más frecuente. Con la audiencia aplazada para el 18 de mayo de 2026, el caso mantiene abierto un frente de fiscalización sobre una norma que enfrenta rechazo social y objeciones constitucionales.