La controversia por el incremento de sueldos a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas ha dejado de ser un desliz administrativo para convertirse en una prueba de credibilidad para el organismo. El señalamiento principal recae sobre la negativa de su presidenta, Emma Polanco, a admitir el error, luego de que el alza fuera defendida como un “incentivo”, en medio del escándalo por los revocados beneficios.
El intento de presentar las solicitudes de auditorías como una señal de confianza no logra disipar el impacto institucional que ha provocado la polémica. Más bien, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilancia y de explicaciones claras en una entidad llamada precisamente a fiscalizar el uso de los recursos públicos.
En un órgano cuya legitimidad depende de la confianza, el manejo del caso coloca en primer plano la exigencia de control social y de rendición de cuentas, aún más cuando la controversia ha situado a la Cámara de Cuentas bajo el mismo escrutinio que está obligada a ejercer sobre otros.