La desinformación fue colocada por el Foro Económico Mundial entre los principales riesgos globales inmediatos, en un contexto en el que UNESCO y la Unión Europea coinciden en que no se trata solo de errores, sino también de información falsa o engañosa difundida de manera deliberada para obtener réditos políticos, económicos o militares. El fenómeno, amplificado por los medios digitales y las redes sociales, deteriora la calidad del debate público y compromete la salud, la seguridad, la democracia y la cohesión social.
El señalamiento internacional vuelve a poner el foco sobre un problema que ya no puede tratarse como una distorsión menor del ecosistema informativo. Cuando la confusión se instala y circula a gran velocidad, el costo recae sobre la ciudadanía, que queda más expuesta a la manipulación y a la pérdida de confianza en asuntos esenciales para la vida democrática.
En tiempos de incertidumbre, la propia advertencia recogida en el texto subraya el contraste entre la centralidad de la verdad en una sociedad democrática y el avance de una práctica diseñada para inducir a error. Ese escenario refuerza la necesidad de vigilancia pública y de una respuesta centrada en proteger la confianza social, en lugar de normalizar un deterioro que organismos internacionales ya identifican como una amenaza inmediata.