El Senado sancionó de urgencia un proyecto de ley que prohíbe la importación y fabricación de foam y de plásticos de un solo uso, una decisión que forma parte de la reforma al manejo de residuos y que ahora pasa a depender de su aplicación efectiva.
La iniciativa, ya aprobada en dos lecturas, no solo introduce restricciones a materiales de alto uso comercial y cotidiano, sino que además establece una contribución obligatoria. Ese punto coloca el debate en el terreno de la fiscalización, el costo de implementación y la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos que genere la medida.
Aunque la reforma avanza en el plano legislativo, el desafío central será su ejecución: verificar quién controlará el cumplimiento de la prohibición, cómo se certificará lo permitido y qué capacidad tendrá el Estado para hacerla cumplir sin trasladar la carga a los consumidores o dejar la norma en letra muerta.
En ese sentido, la discusión ya no se limita a la aprobación de una prohibición. También exige claridad sobre el impacto real de la nueva ley, sus mecanismos de supervisión y la transparencia con la que se informarán los resultados una vez entre en vigor.
La reforma de residuos se suma así a la agenda regulatoria sobre contaminación plástica, pero su éxito dependerá menos del anuncio legislativo que de la vigilancia institucional, la coordinación con los sectores afectados y la publicación de datos verificables sobre su cumplimiento.