La agenda oficial volvió a girar en torno a anuncios y desplazamientos. Luego de exponer en Panamá sobre las zonas francas, el presidente Luis Abinader viajó a Guyana para hablar de inversión y posteriormente se reintegró a sus labores en el país, en un contexto en el que diversas decisiones públicas siguen exigiendo vigilancia y explicaciones claras sobre su impacto real.
En ese mismo marco, la embajadora Leah Francis Campos aseguró que, con el acuerdo sobre deportados, su país respetará la soberanía de República Dominicana, una aclaración que pone el acento en la necesidad de seguimiento institucional a un asunto especialmente sensible. Al mismo tiempo, las autoridades enfrentan presiones en frentes internos como la extorsión y el fraude digital, males que Indotel decidió combatir con una campaña, mientras también se advierte sobre plataformas falsas que usan imágenes de funcionarios para generar confusión.
La discusión sobre transparencia tampoco se apaga. La decisión del SNS de eliminar contratos y llamar a licitación en los hospitales fue presentada como un aporte a la eficiencia, pero vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de controles y rendición de cuentas en áreas clave de la gestión pública. Entre viajes, acuerdos y medidas reactivas, el reto sigue siendo que la respuesta oficial no se quede en el discurso.