El hacinamiento de personas detenidas en la jurisdicción de Santo Domingo Este volvió a poner en evidencia el funcionamiento real del sistema de justicia, en medio de cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta. El abogado Jeswa Sánchez afirmó que la situación no puede cargarse únicamente al Ministerio Público, sino que involucra a todo el engranaje institucional que participa en el proceso.
De acuerdo con su explicación, el Ministerio Público lleva a los detenidos ante el juez competente dentro de las 48 horas que fija el Código Procesal Penal, mientras que corresponde al juez decidir sobre la legalidad de la detención y las medidas de coerción. Sánchez advirtió que Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, abogados particulares, Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales integran un mismo proceso, de modo que una falla en cualquiera de esos eslabones termina afectando al conjunto.
El jurista señaló también una carencia específica: la inexistencia de un área de retención provisional en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, a diferencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esa deficiencia, indicó, complica los traslados, eleva la carga operativa de los organismos de custodia y contribuye a la congestión denunciada. Añadió que la provincia Santo Domingo presenta una incidencia delictiva mayor que la de otras demarcaciones, con altos niveles de violencia de género, robos y homicidios, un panorama que refuerza la alerta sobre gestión, capacidad institucional y explicaciones pendientes ante una crisis con impacto ciudadano.