Florida aprobó una normativa que impide la matrícula de inmigrantes indocumentados en los 28 colegios universitarios estatales, una medida que vuelve a poner el acceso a la educación bajo un criterio restrictivo y de fuerte impacto social. La decisión, adoptada este martes por la Junta de Educación, afectaría a unos 8,000 estudiantes sin estatus legal que se gradúan cada año de las escuelas secundarias del estado.
Desde ahora, quienes aspiren a ingresar deberán acreditar que son ciudadanos estadounidenses o que están legalmente en el país para poder inscribirse en estos centros, que imparten carreras técnicas y, en muchos casos, licenciaturas de cuatro años. El endurecimiento también alcanza la educación pública para adultos: otra regulación aprobada amplía la misma prohibición a los cursos de preparación para el GED y a las clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL), con lo que se cierran más vías de formación e integración.
La votación se realizó en una reunión virtual en la que organizaciones civiles sostuvieron que sus objeciones fueron en buena medida desoídas, un elemento que refuerza las advertencias sobre la falta de escucha institucional en una decisión con efectos directos sobre miles de familias. Ambas normas siguen la línea trazada la semana pasada por la Junta de Gobernadores de Florida, que inició el mismo proceso para las universidades públicas del estado.
Si bien hoy los estudiantes indocumentados pueden matricularse en las universidades públicas de Florida, ya enfrentan restricciones que se han endurecido en los últimos dos años y no acceden a ayuda financiera federal. El nuevo paso profundiza ese cerco y ha provocado el rechazo de estudiantes y organizaciones proinmigrantes, que advierten que miles de jóvenes que crecieron en Florida quedarán sin acceso a la educación superior.
El efecto no sería solo humano. Según un análisis del Florida Policy Institute, la medida podría costarle a las arcas estatales cerca de 15 millones de dólares anuales en ingresos, una cifra que alimenta las críticas por una decisión de poder que recorta oportunidades educativas y también compromete recursos públicos. En ese escenario, la presión de la sociedad civil queda como el principal mecanismo de fiscalización frente a una política que avanza pese a las advertencias.