Aunque Banreservas rechazó inmovilizar fondos de la Junta Central Electoral, la medida evitó por ahora que avanzara el embargo pedido por Latin Events, LLC, sin cerrar el litigio que rodea al órgano electoral. De acuerdo con un comunicado de la propia JCE, esa negativa se sustentó en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que prohíben inmovilizar recursos públicos salvo que exista una decisión definitiva, condición que la institución dice que no se cumple en este caso.
La JCE agregó que presentó formalmente un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera impulsada por Latin Events. Ese recurso, fechado el 16 de julio de 2026, cita y emplaza a la empresa ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En su defensa, la Junta aseguró que “no existe evidencia alguna” de aprobación ni autorización por parte del Pleno o del presidente de la JCE para adquirir los supuestos servicios reclamados. La propia institución planteó ese punto como una cuestión de debida contratación pública, lo que deja abierto un foco de fiscalización sobre los controles internos y sobre cómo un conflicto de este tipo llega a comprometer, aunque sea de manera tentativa, recursos de un órgano clave del Estado.