La incorporación del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), brazo económico de las fuerzas armadas cubanas, y de una sociedad mixta cubano-canadiense a la lista negra de Estados Unidos vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la economía de la isla. Expertos consultados apuntaron que la decisión no se limita a un gesto político, sino que busca una asfixia financiera más amplia mediante sanciones a quienes mantengan vínculos con el conglomerado.
El Departamento de Estado de EE. UU. anunció que, bajo una orden ejecutiva presidencial del 1 de mayo, será sancionada cualquier entidad que colabore con GAESA. La medida ya tuvo un efecto inmediato sobre MoaNickel, la operación conjunta de níquel entre Cuba y la canadiense Sherritt, cuyo retiro del negocio fue comunicado tras conocerse la sanción. Para el economista Pavel Vidal, el mensaje a los socios internacionales es claro: pocos se arriesgarán a desafiar estas restricciones, con el riesgo de empujar a Cuba hacia un aislamiento mayor.
El alcance del golpe también muestra hasta qué punto sectores clave de la economía cubana dependen de una estructura concentrada en el aparato militar. Según los análisis citados, GAESA maneja cerca del 40% del PIB de Cuba, contaba en 2024 con una reserva de 14,000 millones de dólares y registraba ingresos anuales que triplicaban el presupuesto estatal. Esa dimensión convierte la sanción en una advertencia sobre el costo económico y social de un modelo que deja a la isla más expuesta cuando se castiga a su principal conglomerado empresarial.