SANTO DOMINGO.- La discusión sobre la seguridad quedó abierta este lunes luego de que legisladores de distintos partidos admitieran que la transformación de la Policía Nacional sigue sin completarse más allá de cualquier cambio legal. A su juicio, el problema continúa estando en la gestión, la supervisión y la profesionalización efectiva de los agentes, lo que vuelve a colocar bajo la lupa los resultados del Gobierno dominicano y del Congreso frente a una de las principales demandas ciudadanas.
Los parlamentarios coincidieron en que una modificación a la Ley Orgánica puede reforzar el marco institucional, pero insistieron en que el cambio de fondo depende de mejorar la selección, la capacitación, la evaluación permanente del personal y las condiciones laborales dentro de la institución. Además, plantearon que quienes portan armas y ejercen autoridad sean sometidos de manera periódica a evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas antidopaje, como parte de los controles que todavía se consideran necesarios para prevenir conductas violentas y recuperar la confianza ciudadana.
El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) afirmó que, aunque en los últimos años la Policía Nacional ha mostrado avances importantes en su transformación, todavía persisten debilidades que deben ser atendidas. “La reforma es importante, pero para que un policía se maneje bien o mal, no es un tema de reforma policial, es un tema de manejo, de la aplicación, de cómo funciona la policía”, expresó.
El legislador por La Altagracia agregó que también hace falta fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades civiles, Policía Nacional, Ministerio Público y organismos de investigación, a fin de mejorar la coordinación en materia de seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, sostuvo que la transformación debe ir acompañada de mayor profesionalización, mejores salarios y beneficios para los agentes, un planteamiento que vuelve a enlazar el debate con gestión, presupuesto y resultados concretos, no solo con anuncios.
De ese modo, la discusión legislativa deja abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder público para convertir la narrativa de reforma en cambios verificables dentro de la institución. Si aún se reclaman controles básicos, supervisión permanente y mejores condiciones para evitar abusos y violencia, la presión sobre el Gobierno, el Congreso y las autoridades de seguridad seguirá marcada por la distancia entre las promesas y la realidad.