La Ley 74-25, que da paso al nuevo Código Penal, volvió a poner bajo la lupa la manera en que el Congreso dominicano y el oficialismo están legislando desde el poder: con una lógica de regulación que, en la práctica, puede terminar golpeando al periodismo y a la libertad de expresión.
El debate, además, deja un contraste difícil de pasar por alto. De acuerdo con el texto, legisladores del partido oficialista respaldaron un Código Penal que hoy amenaza herramientas de denuncia y fiscalización pública que antes emplearon de forma amplia desde la oposición en medios digitales, radio y televisión. La interrogante que queda planteada es política e institucional al mismo tiempo: qué cambió entre exigir libertad para cuestionar y aprobar ahora normas que podrían estrecharla.
Uno de los aspectos más delicados está en la Sección II, dedicada a infracciones contra las personas mediante imágenes, audios y montajes. El artículo 192 fija penas de seis meses a un año de prisión menor, además de multas de uno a dos salarios mínimos del sector público, por difundir imágenes o audios sin consentimiento. La protección de la privacidad es un objetivo legítimo, pero la preocupación surge por una redacción que, como advierte el texto, no marca con claridad la diferencia entre el ejercicio profesional del periodismo, respaldado por principios éticos y normas legales, y la publicación de contenidos en redes sociales por usuarios particulares.
Ese vacío técnico no resulta menor. Cuando una ley combina la necesidad de contener excesos con disposiciones que podrían alcanzar a medios y periodistas, el costo social deja de ser abstracto: se compromete el derecho ciudadano a estar informado y se debilita una función esencial de control sobre el poder. Lejos de cerrar la discusión, la Ley 74-25 refuerza la exigencia de vigilancia pública y de rendición de cuentas a un Congreso que, según la propia crítica recogida, vuelve a exhibir falta de visión en un asunto central para la institucionalidad democrática.