La ley sobre pagos a contratistas observada por el presidente Luis Abinader se mantiene en un limbo constitucional que pone en evidencia fallas de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Pese a que el mandatario devolvió la pieza con observaciones, el proyecto original, aprobado y convertido en ley por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026, no ha sido retirado formalmente y continúa vivo dentro del trámite legislativo.
De manera paralela, el Congreso conoció y aprobó una nueva iniciativa para el mismo tema, con ligeros cambios, mientras el procedimiento de la ley observada sigue abierto. Ese cruce de decisiones abre un escenario de doble ruta sobre una misma materia y refuerza las preguntas sobre la coordinación institucional en un asunto ligado a deudas acumuladas por el Estado con contratistas desde 1996.
La Constitución, en sus artículos 102 y 103, dispone que una ley observada debe regresar a la cámara de origen con los artículos objetados y las razones de la observación, para ser conocida otra vez en única lectura. Sin embargo, también fija un plazo de dos legislaturas ordinarias para tramitar los proyectos; si no se cumple, la observación se considera aceptada y la ley quedaría aprobada de forma automática. En este caso, mientras la Cámara de Diputados impulsó una pieza sustituta, la ley original que reconocía de manera directa deudas pendientes y ordenaba el pago a 571 contratistas identificados sigue vigente, en una situación que aumenta la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas sobre el manejo legislativo y ejecutivo del caso.