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Nueva protesta en La Cuaba reabre dudas sobre permisos y control estatal del proyecto de Oakhouse

mayo 15, 2026 · Redactor
Nueva protesta en La Cuaba reabre dudas sobre permisos y control estatal del proyecto de Oakhouse
Foto: www.elcaribe.com.do

Comunitarios mantienen un campamento desde hace dos semanas y denuncian falta de transparencia en un expediente que sigue generando rechazo y exigencias de rendición de cuentas.

Los comunitarios de La Cuaba mantienen desde hace dos semanas un campamento en el paraje El Aguacate y convocaron una nueva protesta para este domingo contra la construcción de un relleno sanitario y una planta de reciclaje de la empresa Oakhouse, en un conflicto que vuelve a poner bajo escrutinio la actuación de las autoridades frente a un proyecto rechazado en la zona desde 2021.

Ricardo Montero y Fabio Correo, parte del liderazgo comunitario del distrito municipal, afirmaron en Despierta con CDN que la oposición al proyecto se sostiene desde 2021 y recordaron que en 2022 hubo rechazo ministerial. Ambos cuestionaron la transparencia de la permisología. “Es el secreto mejor guardado del Estado, absolutamente nadie conoce la permisología”, dijo Montero, al señalar que han solicitado la documentación en la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) y por otras vías sin éxito.

Los comunitarios también sostienen que el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa gestora presentan como respaldo una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que solo ordenó conocer de nuevo la solicitud, luego de que el ministerio rechazara inicialmente el permiso por falta de motivación suficiente. Según la explicación jurídica citada, esa decisión no implica una autorización automática. A esto se suma que, en un acta del Comité Técnico de Evaluación del Ministerio de Medio Ambiente del 1 de mayo de 2025, consta una aprobación condicionada a tres recomendaciones, entre ellas probar la conformidad comunitaria, presentar un informe del nivel freático y garantizar distancia y condiciones poblacionales y de manejo de residuos. Los comunitarios rechazan que la llamada “licencia social” se valide mediante encuestas, al advertir que pueden ser manipuladas, y alertan sobre posibles daños a ríos y arroyos.