El acuerdo no vinculante firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir en tránsito a nacionales de terceros países deportados por Washington abrió un nuevo frente de fiscalización sobre el manejo del Gobierno de Luis Abinader. Aunque el convenio excluye a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados, dirigentes opositores reclamaron transparencia sobre sus términos y alcance, en contraste con la defensa oficial encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien sostuvo que no se compromete la soberanía nacional.
Enmarcado en la iniciativa “Escudo de las Américas”, el memorándum dispone el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condición de tránsito, con respaldo financiero y operativo de Estados Unidos para su permanencia temporal y retorno a sus países de origen. No obstante, el debate político se concentró en la falta de información pública previa y en la necesidad de explicaciones institucionales sobre una decisión vinculada a seguridad nacional.
Rafael Paz cuestionó el manejo del tema con “oscuridad y opacidad” y recordó que el presidente Abinader había negado anteriormente la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza. También advirtió que parte de la información conocida por la ciudadanía circuló primero en medios extranjeros y no por voceros oficiales del Estado. En la misma línea, Andrés Navarro pidió revelar con urgencia los términos específicos del acuerdo y sostuvo que la relación con Estados Unidos debe preservarse dentro de los límites de la Constitución y la soberanía, reforzando la exigencia opositora de rendición de cuentas sobre una decisión de alto impacto institucional.