Una jueza de Santiago dictó este viernes un año de prisión preventiva contra los señalados como cabecillas de una estructura criminal que, según el Ministerio Público, funcionaba desde República Dominicana para estafar y extorsionar a residentes en Estados Unidos. Además, el tribunal declaró el proceso de tramitación compleja, una medida que refleja la magnitud del expediente, la cantidad de implicados y el tiempo durante el cual habría operado la red.
La pesquisa ubica el centro de operaciones en Jacagua, Santiago, y ha identificado al menos a 18 personas, aunque las autoridades no descartan que el número sea mayor. Según el expediente, el esquema incluía anuncios para captar víctimas, contacto directo, amenazas, chantaje y exigencias de dinero. Para incrementar la presión, los involucrados fingían ser miembros de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”, y remitían imágenes violentas y mensajes intimidantes para obligar a las transferencias.
El caso no solo describe una red con funciones definidas y métodos sostenidos en el tiempo; también pone bajo escrutinio la capacidad de vigilancia frente a una operación que, de acuerdo con las autoridades, movía y ocultaba fondos mediante distintos mecanismos, incluidas criptomonedas como Bitcoin. La medida de coerción representa un avance judicial, pero el expediente deja abierta una exigencia de fondo: explicar cómo una estructura de este alcance pudo actuar desde Santiago hasta proyectarse internacionalmente antes de ser desmantelada.