Según el texto, la conducción real del PRM ya no recae en sus comités municipales ni en las seccionales del exterior, sino en despachos ministeriales y en una capa de funcionarios, gerentes, consultores y técnicos sin legitimidad interna ganada en convención. Ese señalamiento vuelve a poner frente a frente la oferta de cambio, ética, participación y respeto a las reglas con la que la organización derrotó al modelo anterior, y una práctica que ahora aparece como repetición de los mismos vicios que prometió desmontar.
La pieza afirma que la centralización desplazó a la militancia que sostuvo al partido en campaña y dejó a las direcciones provinciales como instancias sin capacidad real de decisión. En ese esquema, la democracia interna habría sido sustituida por un modelo de imposición en el que preguntar, deliberar o someter decisiones al voto dejó de ser prioridad, una señal de desgaste institucional que golpea la credibilidad del discurso oficial.
También se sostiene que las candidaturas para alcaldes, diputados, senadores y regidores ya no se definen por competencia abierta, sino en reuniones privadas donde pesan apellidos, grupos económicos y lealtades personales. De acuerdo con el texto, el uso de encuestas funciona como cobertura de decisiones tomadas de antemano. El resultado descrito es un partido más dependiente de jefaturas que de estatutos, un cuadro que refuerza las exigencias de fiscalización y rendición de cuentas sobre cómo se ejerce el poder y qué quedó realmente de la promesa de cambio.