La discusión sobre el proyecto Romero, en San Juan, ha reactivado el reclamo de una política minera clara y ha colocado bajo fiscalización la forma en que el Gobierno maneja decisiones de alto impacto ambiental y social. La consulta pública, recuerda el texto, no es una concesión política ni una “licencia social”, sino un mandato legal dentro del proceso de evaluación ambiental, con la obligación de consultar, informar, escuchar y tomar en cuenta a las comunidades.
Ese marco, sin embargo, convive con una advertencia institucional: la consulta pública debe formar parte de la ponderación sobre la viabilidad del proyecto, pero no sustituye la evaluación técnica ni determina por sí sola la decisión de las autoridades. En ese contexto, el caso Romero expone el contraste entre la presión social y la respuesta del poder. Según el especialista Luis Carvajal, en este caso el presidente Luis Abinader convirtió la participación ciudadana en veto popular, sin espacio para la ponderación técnica del informe en proceso de elaboración.
El debate también revive temores acumulados por experiencias mineras previas en el país, marcadas, según el texto, por corrupción de autoridades locales y nacionales y por decisiones políticas que terminaron agravando la desconfianza ciudadana. De ahí que el aumento del reclamo por una política minera no solo apunte al proyecto en discusión, sino a la exigencia de reglas previsibles, rendición de cuentas y garantías de que el Estado no actuará entre improvisación, presión coyuntural y decisiones sin claridad institucional.