LA HABANA.- Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Gaesa, conglomerado de las fuerzas armadas cubanas que controla cerca del 40% de la economía de Cuba, y contra la minera canadiense Sherritt, vuelven a exponer la vulnerabilidad de un esquema económico concentrado en estructuras estatales y militares, con efectos que terminan alcanzando a la población.
La medida llega después de que Donald Trump firmara el 1 de mayo una orden ejecutiva para endurecer las sanciones contra Cuba. En aplicación de esa disposición, el secretario de Estado, Marco Rubio, dio a conocer medidas contra entidades económicas clave de la isla, incluida una empresa mixta entre Sherritt y el Estado cubano. Rubio afirmó que esa firma «ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano» y que «lucra con activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano a personas y empresas estadounidenses».
Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel denunció en X la «crueldad» de las sanciones y sostuvo que «agravan la situación ya difícil que enfrenta nuestro país». En paralelo, Sherritt comunicó la suspensión inmediata de su participación en empresas mixtas en la isla y la repatriación de sus empleados. La empresa, que extraía níquel y cobalto en Moa y participa desde la década de 1990 en Moa Nickel S.A. junto con el Estado cubano, advirtió que las sanciones alteran de forma sustancial su capacidad para seguir operando en Cuba, en un nuevo episodio que intensifica la presión sobre un modelo bajo creciente escrutinio por su impacto económico y social.