LA HABANA.- Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba han vuelto a situar bajo la lupa a estructuras económicas clave del Estado cubano, en un escenario de preocupación e incertidumbre entre las empresas internacionales que operan en la isla. El anuncio inicial incluyó al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, y a su presidenta, Ania Guillermina Lastres, en una decisión que además reaviva el debate sobre la falta de transparencia en áreas decisivas de la economía.
De acuerdo con expertos citados en el reporte, Gaesa concentra más del 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba y tiene presencia en hoteles, telecomunicaciones, distribución minorista en dólares, venta de combustible, aduanas, sector inmobiliario, logística y transporte de pasajeros. Aun con ese peso económico y su carácter estatal, Gaesa no publica resultados empresariales y no es auditada por la Contraloría General, según la confirmación dada a EFE por ese órgano público.
La nueva lista también alcanzó a la empresa estatal Moa Nickel SA, vinculada a la explotación de yacimientos de níquel y cobalto. En ese contexto, la minera canadiense Sherritt anunció la suspensión inmediata de su actividad en la isla por el riesgo derivado de las sanciones. El movimiento de Washington, presentado como parte de una presión creciente sobre Cuba, coloca ahora en primer plano no solo el alcance de la medida, sino también la vulnerabilidad de un modelo económico concentrado en entidades estatales sin rendición de cuentas pública equivalente a su peso real.