El Servicio Regional de Salud Ozama (SRS Ozama) salió a aclarar este martes un reporte sobre sus contratos de alquiler, en medio de cuestionamientos al gasto público y la administración de recursos en el Estado.
La entidad admitió que mantiene ocho contratos de arrendamiento, pero afirmó que solo uno corresponde a un almacén. Según su explicación, los demás inmuebles funcionan como centros y supervisiones, por lo que rechazó que todos deban ser catalogados como bodegas o depósitos.
La respuesta surge tras una publicación que, con base en datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría, colocó bajo escrutinio el uso de esos contratos en la estructura del servicio regional.
Aunque el SRS Ozama insiste en que la clasificación correcta de los inmuebles cambia la lectura del reporte, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de interés público: cuánto cuesta sostener la red de alquileres del sistema y si esa estructura responde a necesidades operativas justificadas o a una carga innecesaria para el erario.
En un contexto de presión sobre el gasto estatal, la aclaración del organismo no elimina la necesidad de transparencia sobre la cantidad de contratos, sus destinos y el impacto que tienen sobre los recursos públicos. La discusión no se limita a la etiqueta de “almacén”, sino al uso efectivo y verificable de los alquileres financiados con dinero del Estado.
Hasta el momento, la entidad no ha ofrecido en esta pieza detalles adicionales sobre montos, vigencia de los contratos ni el ahorro o costo total asociado a estas instalaciones.