La primera subasta de bienes incautados realizada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) cerró con 100 de los 143 puestos vendidos y un monto final de RD$550,170,000. La magnitud de la operación, celebrada en el Paraninfo Ricardo Michel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, coloca el foco no solo en las ventas, sino en los mecanismos de control aplicados a quienes participaron.
Según la página web de Incabide, los interesados debían acudir a las oficinas de la institución para inscribirse en el registro oferente y cumplir con los requisitos fijados por la entidad gubernamental. Entre esas condiciones figuraban ser mayor de edad, presentar documento de identidad, certificado de no antecedentes penales, declaración jurada de procedencia lícita de bienes y otra declaración jurada en la que constara que el oferente no era funcionario ni cónyuge de un empleado del Estado o del consejo directivo del Incabide, ni familiar hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
En los casos en que un oferente actuara por medio de un representante, también se exigía un poder de representación debidamente notariado y legalizado por el Ministerio Público. En un proceso que movilizó una alta suma de dinero y una amplia asistencia de personas, el propio listado de requisitos expone la necesidad de fiscalización ciudadana e institucional sobre el cumplimiento efectivo de esos filtros y sobre la rendición de cuentas de una subasta con evidente relevancia pública.