La presión sobre las finanzas públicas vuelve a intensificarse por el frente de los subsidios a los combustibles, en un momento en que el Gobierno dominicano no termina de trasladar por completo al mercado los aumentos internacionales del petróleo, la gasolina y el gasoil. Cada anuncio semanal del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reaviva una discusión que no se limita a los precios y que también toca la gestión fiscal, mientras Hacienda queda expuesta a mayores exigencias de cobertura.
Sin embargo, el texto señala que la atención puesta en los combustibles está dejando en un segundo plano otra carga de igual sensibilidad: las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE). En vez de bajar, como se proyectó en el Presupuesto 2026, esas pérdidas han seguido aumentando en lo que va de año, lo que se traducirá en sobregiros adicionales prácticamente equivalentes a los de los combustibles. La brecha entre lo previsto y lo observado vuelve a abrir interrogantes sobre la fiscalización de la gestión energética y su impacto en las cuentas públicas.
Los registros del Organismo Coordinador (OC) hasta mayo de 2026 indican que la energía bruta inyectada por las centrales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) acumuló 9,393.44 gigavaios/hora (GWh), un 3.2% más que los 9,106.47 GWh del mismo período de 2025. Aun así, el problema que plantea el artículo no pasa por la oferta total, sino por la incapacidad de corregir vulnerabilidades que siguen encareciendo el costo fiscal y aplazando los resultados. En ese marco, el desafío energético deja de ser solo técnico y se convierte en una prueba de rendición de cuentas sobre prioridades, ejecución y resultados del Gobierno.