La divulgación de operaciones en el mercado bursátil realizadas a nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo flanco de fiscalización política, con la oposición demócrata denunciando posibles conflictos de interés y exigiendo atención sobre el impacto institucional del caso. Las transacciones, por entre 211 y 687 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, incluyeron valores de empresas como Nvidia, Apple, Microsoft y Boeing.
Elizabeth Warren, senadora demócrata, acusó a Trump de adoptar una conducta que, a su juicio, compromete incluso la seguridad nacional. En concreto, relacionó la compra de acciones de Nvidia con la decisión de permitir que la empresa vendiera productos a China, lo que impulsó de forma temporal el precio de esos títulos. Warren también afirmó que Trump llevó al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, a su viaje a China para presionar al presidente Xi Jinping a comprar chips avanzados de inteligencia artificial.
Desde el entorno presidencial, Eric Trump negó cualquier irregularidad y aseguró que los activos están en un fideicomiso ciego administrado por grandes instituciones financieras e invertido en índices de mercado amplio. No obstante, la controversia no se apaciguó: el propio Eric Trump acompañó al presidente a China, aunque no ocupa un cargo oficial, y el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, elevó el tono al describir a Trump como «el presidente más corrupto de la historia estadounidense». El episodio vuelve a colocar en el centro la exigencia de rendición de cuentas sobre decisiones de poder que coinciden con movimientos financieros de alto volumen.