SANTO DOMINGO.– En menos de una semana, tres decisiones judiciales devolvieron al centro del debate el avance de delitos graves en el país y la necesidad de seguir vigilando la respuesta institucional. Los casos, ligados al narcotráfico internacional, al tráfico ilícito de inmigrantes y al abuso sexual contra menores, evidencian que el problema no se reduce a expedientes aislados, sino que incide en ámbitos especialmente sensibles para la seguridad y la protección de personas vulnerables.
En Pedernales, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva contra cuatro hombres acusados de intentar introducir drogas al país, a partir de una solicitud del Ministerio Público sustentada en riesgo de fuga y en la gravedad de los hechos. De acuerdo con la acusación, dos de los imputados fueron interceptados a poco más de 50 millas al suroeste de la isla Beata con más de 1,200 libras de marihuana y 39 kilogramos de cocaína en una embarcación, mientras que, en un segundo operativo realizado ese mismo día, los otros dos fueron detenidos a unas 79 millas de la costa de Pedernales con más de 100 libras de marihuana y 326 kilogramos de cocaína. Las interdicciones del 5 de mayo fueron coordinadas por el Ministerio Público, la DNCD y la Armada de República Dominicana.
A ese expediente se añadió en Santiago la condena a 10 años de prisión dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado contra tres hombres hallados culpables del tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos, entre ellos dos niños. Sumado al caso de abuso sexual contra menores reseñado en la agenda judicial de la semana, el conjunto de decisiones dibuja un cuadro de alto impacto social que va más allá del anuncio de medidas y sentencias: también deja abiertas preguntas sobre prevención, control y resultados frente a estructuras delictivas que siguen alcanzando a migrantes, menores y rutas sensibles del territorio nacional.