La apuesta de Donald Trump por imponer aranceles masivos para reactivar la manufactura de Estados Unidos, reducir el déficit comercial y generar ingresos fiscales choca de nuevo con la realidad. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales del 10 % impuestos el 24 de febrero y los describió como «inválidos» y «no autorizados por la ley», en lo que supone el segundo gran revés judicial del año para esa política.
La magnitud del golpe es mayor porque esos aranceles habían sido concebidos como reemplazo de los aranceles recíprocos más amplios que el Tribunal Supremo anuló a comienzos de 2026, decisión que además obligó a la administración republicana a reembolsar 166 mil millones de dólares recaudados. Aunque el nuevo fallo por ahora solo concede una medida cautelar a dos pequeñas empresas importadoras y al estado de Washington, los aranceles continúan vigentes para el resto de los importadores y el caso puede volver a escalar hasta el Supremo.
A la presión judicial se suma el coste económico y político. Según Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, «los datos son definitivos; los aranceles han causado un daño significativo a la economía» de Estados Unidos. Entre los efectos apuntados están el deterioro del empleo y la aceleración de la inflación, en un contexto de enojos internacionales incluso entre aliados cercanos y de creciente malestar entre votantes resentidos por el alza de precios.