La investigación abierta por el Ministerio Público en Valverde contra varios agentes de la Policía Nacional, a raíz de una denuncia de presunta agresión sexual contra una joven haitiana, devuelve la atención sobre la capacidad de control y supervisión dentro de la institución, más allá del discurso oficial sobre derechos humanos y transparencia.
El director regional Noroeste de la Policía, general Ramón S. Azcona Reyes, dijo que se ordenó indagar el caso para aclarar lo ocurrido y fijar responsabilidades. La denuncia se produjo luego de que la joven, en condición migratoria irregular, fuera detenida el pasado domingo junto con otras personas durante un operativo en el municipio de Esperanza y más tarde reportara la supuesta agresión.
La Policía sostuvo que los agentes que participaron en la intervención fueron convocados por la Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ministerio Público para ser entrevistados y colaborar con el proceso. Añadió, además, que la joven fue evaluada por un médico legista y que el certificado médico preliminar indica que no presenta evidencias de agresión sexual, aunque las pesquisas siguen para determinar de forma objetiva e imparcial lo sucedido.
Que los policías señalados hayan quedado a disposición del Ministerio Público no desactiva la alarma institucional: la gravedad de la denuncia, la condición vulnerable de la detenida y la decisión de no divulgar los nombres de los agentes mantienen abiertas las exigencias de fiscalización pública y seguimiento de la sociedad civil. En un caso que involucra seguridad, derechos y confianza institucional, el costo social no se mide por el comunicado, sino por la capacidad del Estado de ofrecer respuestas verificables y responsabilidades claras.