A once días del doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio, el balance oficial vuelve a mostrar una emergencia en expansión y, al mismo tiempo, más preguntas sobre la información disponible. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, señaló este domingo que los fallecidos ascendieron a 3.342 y los heridos a 16.740, una cifra que ratifica el impacto social de la tragedia.
El nuevo recuento de muertos supone 388 más que el sábado, mientras prosiguen las tareas para recuperar cuerpos bajo los escombros. El informe también indica que 6.462 personas han sido rescatadas y que 17.345 perdieron su vivienda, lo que llevó a habilitar 79 campamentos transitorios. A ello se añaden 856 edificios dañados y 190 derrumbados, una dimensión del desastre que vuelve a poner en evidencia la distancia entre la magnitud real de la crisis y la información que recibe la población.
De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, 86.794 familias han sido atendidas, se repartieron 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, y siguen desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad junto a 27.482 voluntarios. Pese a ello, el punto más delicado continúa sin respuesta: no se actualiza la cifra de personas en paradero desconocido, aunque se habilitó un número telefónico y una plataforma digital para reportarlas.
Esa ausencia de precisión oficial choca con la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web creada para informar sobre familiares no localizados y que ya acumula más de 31.000 personas con las que no ha sido posible establecer contacto. En una catástrofe de esta escala, la sociedad civil acaba cubriendo vacíos informativos que deberían estar sometidos a seguimiento público permanente, sobre todo tratándose del terremoto más mortífero vivido por Venezuela en el último siglo.
Los seísmos recientes afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más golpeada, un territorio además marcado por la tragedia del deslave de 1999. Ese antecedente refuerza la exigencia de vigilancia sobre la respuesta institucional: con miles de muertos, decenas de miles de heridos y familias desplazadas, el centro de la discusión ya no puede ser solo el parte oficial, sino las explicaciones pendientes sobre desaparecidos, atención sostenida y capacidad real de respuesta ante una crisis de esta magnitud.