La muerte de Kelvin Alexander Mateo, de 24 años, tras haber sido ingresado de manera forzosa en la fundación evangélica “Ejército de Dios: Rescatando al caído”, ha reactivado los cuestionamientos sobre la capacidad de supervisión del Estado frente a centros privados de rehabilitación que, según denuncias, operan fuera de control en República Dominicana.
De acuerdo con Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta, el joven permanecía recluido contra su voluntad y había pedido a su madre que lo sacara del lugar antes de fallecer en circunstancias reportadas como un supuesto suicidio. En su denuncia, sostuvo que la familia confió en un supuesto programa de tratamiento sin saber que, según su versión, el joven estaba retenido y que detrás del centro había un esquema que se aprovechaba de esa situación.
El caso también vuelve a colocar en primer plano las advertencias de especialistas y defensores de derechos humanos sobre establecimientos que se presentan bajo discursos religiosos y promesas de recuperación, pero que funcionarían al margen de controles oficiales. Según el documento difundido por el psicólogo, muchas familias llegan a estos lugares por desesperación, miedo y estigma, mientras se denuncian internamientos compulsivos, traslados por la fuerza y acuerdos económicos que convierten el drama de las adicciones en un negocio rentable ante la falta de respuestas efectivas y vigilancia pública.