La discusión sobre una eventual eliminación del subsidio a los combustibles vuelve a colocar bajo escrutinio una de las decisiones más sensibles para el bolsillo de la población. Aunque el Gobierno ha aplicado medidas para contener el alza del petróleo provocada por la guerra en Medio Oriente, incluyendo la ampliación de alrededor de 800 millones de pesos del subsidio que reciben transportistas, el propio debate sobre su sostenibilidad deja en evidencia el peso fiscal y social de una política que sigue dependiendo de recursos públicos para evitar que el golpe llegue de forma directa a los ciudadanos.
Consultado por Hoy Digital, el economista Franklin Vásquez advirtió que retirar ese apoyo provocaría un efecto inflacionario en cadena. Explicó que, al tratarse de un insumo transversal, los combustibles encarecerían los costos de producción y distribución de bienes y servicios, lo que obligaría al Banco Central a mantener una política monetaria restrictiva para contener la inflación, con el riesgo de desacelerar el crecimiento económico y reducir el consumo privado en el corto plazo.
Vásquez también señaló que el impacto sobre los hogares sería directo e indirecto: desde la reducción inmediata del ingreso disponible de quienes tienen vehículos hasta el aumento del transporte público, los fletes de carga y los precios de la canasta básica alimentaria. El escenario, según su explicación, vuelve a poner el foco en la necesidad de vigilar cómo se administra este subsidio y qué consecuencias tendría cualquier cambio sobre las familias, especialmente en medio de un contexto en que el costo de vida seguiría absorbiendo el ajuste.