Tras una paralización de cuatro días en un centro de la región Noreste, el Tribunal Constitucional ordenó cesar y evitar nuevas interrupciones de docencia en horario lectivo cuando estas provoquen una afectación progresiva, prolongada o indiscriminada del servicio educativo. La decisión pone el acento en el costo directo que estas acciones tuvieron sobre el estudiantado y en la necesidad de impedir que el calendario escolar vuelva a ser alterado.
Mediante la sentencia TC/0428/26, la Alta Corte dispuso además la elaboración e implementación de un plan verificable de recuperación pedagógica para reponer efectivamente el tiempo lectivo perdido. A la vez, ordenó una garantía de no repetición mediante un protocolo de gestión de conflictos que priorice diálogo, mediación y avenencia sin afectar el derecho a la educación.
La decisión instruye a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Las Terrenas, y a su actual presidente, a abstenerse de convocar o ejecutar nuevas paralizaciones que afecten el calendario escolar oficial. Asimismo, exhorta al Ministerio de Educación (Minerd), por medio del Distrito Educativo 14-07, a supervisar el estricto cumplimiento del calendario y facilitar vías de diálogo, mientras el Defensor del Pueblo dará seguimiento al cumplimiento de lo ordenado, en una señal de vigilancia institucional ante fallas que ya impactaron el servicio educativo público.