El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al exministro de Hacienda Donald Guerrero y a otros imputados del caso Calamar, pero dictó auto de “no ha lugar” a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como de Marcial Reyes, Rosa Arias y Daniel Guerrero Mena, hijo de Donald Guerrero. La jueza Altagracia Ramírez concluyó que no existían elementos para sostener acusación contra estos últimos, en una decisión dada a conocer anoche tras una lectura del fallo que comenzó pasadas las 8:00 de la noche, luego de horas de retraso respecto a la audiencia pautada para las 3:00 de la tarde.
Además de Donald Guerrero, deberán enfrentar juicio de fondo Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Caamaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Mabel Mejía, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Piccirilo, entre otros. El Ministerio Público sostiene que los imputados integraban una estructura que desvió millones de pesos del Estado mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y por sobornos que habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El expediente atribuye al grupo asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña, por hechos que habrían ocurrido entre 2014 y 2020 y que, según la acusación, generaron un perjuicio económico superior a los 23,000 millones de pesos. El fallo, sin embargo, deja un contraste central en un caso presentado como emblema de combate a la corrupción: mientras una parte de los acusados irá a juicio, otra quedó fuera del proceso por falta de pruebas, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la consistencia con que se construyen expedientes de alto impacto público.