La decisión leída por la jueza Altagracia Ramírez en el Caso Calamar dejó un cuadro de fuerte contraste institucional dentro del salón de audiencias del Distrito Nacional. Mientras el tribunal dispuso el envío a juicio de fondo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, junto a otras 28 personas, la lectura también incluyó autos de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, giro que cambió de inmediato el ambiente en la sala.
Tras ese dictamen, la audiencia pasó de la tensión a la euforia. Castillo y Peralta reaccionaron con saltos de emoción, y desde el público se escucharon consignas como “¡Gonzalo presidente! ¡Presidente Gonzalo!”, en una escena que, según el propio desarrollo descrito, desbordó el protocolo y convirtió por momentos el tribunal en un espacio de agitación política.
El episodio dejó en primer plano no solo el peso del proceso penal, sino también la necesidad de mantener vigilancia sobre la respuesta institucional en un caso de alto impacto público. La mezcla de solemnidad judicial, decisiones divididas y expresiones partidarias dentro de la sala volvió a colocar el foco sobre la rendición de cuentas y la capacidad del sistema para procesar expedientes de esta magnitud sin que el mensaje público quede eclipsado por la confrontación política.