El caso Onco-14 vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos para la salud, ahora con señalamientos de que fondos del Senasa habrían sido sustraídos a través del Instituto Oncológico del Cibao. En Santiago, el Ministerio Público arrestó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a quienes atribuye asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos debían emplearse en pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado que llegan a ese centro desde todo el Cibao. El expediente, denominado Onco-14, también se presenta como parte de una cadena de investigaciones ligadas al fraude en Senasa, un caso que ya había provocado indignación por el presunto desvío de dinero destinado a la población más pobre y vulnerable.
El nuevo escándalo fortalece la demanda de vigilancia y rendición de cuentas sobre las estructuras que administran fondos de salud, especialmente porque el órgano acusador todavía no ha dado a conocer el monto del dinero defraudado. En medio de una secuencia de casos, vuelve a imponerse la necesidad de aclarar el alcance del perjuicio y establecer responsabilidades sobre recursos que debieron convertirse en atención para pacientes, no en nuevas tramas de corrupción.