La denuncia que hizo este lunes la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, dejó en evidencia el control estatal sobre los apartamentos entregados en Hato del Yaque dentro de los programas de reubicación. La funcionaria aseguró que algunos beneficiarios están comercializando de manera irregular viviendas adjudicadas bajo condiciones de intransferibilidad, mediante acuerdos privados entre particulares.
Santos explicó que, aun con esa restricción, quienes adquieren los inmuebles reciben actos de venta, aunque los apartamentos no pueden ser transferidos legalmente. También indicó que parte de las familias reubicadas desde zonas vulnerables y de alto riesgo termina vendiendo las unidades y regresando a esos lugares o invadiendo terrenos privados, una situación que, según dijo, dificulta los esfuerzos oficiales para reducir asentamientos en áreas de riesgo.
El caso vuelve a colocar el foco sobre la vigilancia de un proyecto presentado para mejorar condiciones de vida y reubicar familias que residían a orillas del arroyo Gurabo. Ante ese escenario, la gobernadora exhortó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a reforzar la supervisión de los apartamentos entregados por el Estado para evitar que continúe esa práctica.